Introducción

En el año 1998, en respuesta a las demandas de la sociedad lanzaroteña, el Cabildo inicia un proceso de reflexión acerca del modelo de crecimiento de la isla, que se considera desbocado, a pesar del recorte que introdujo el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991.

Para garantizar el resultado de esta actualización del planeamiento se decreta una suspensión de licencias, vigente entre los años 1998 y 2000. Y a continuación se aprueba una revisión del PIOT, que marca ritmos de crecimiento y estándares de calidad, con el fin de evitar la vulgarización y masificación del destino en el mapa turístico mundial.

La sospecha de fraude a la ley, ante la proliferación de construcciones en zonas turísticas durante los años de suspensión de licencias, lleva al Cabildo a exigir a los ayuntamientos la comunicación de los permisos y a iniciar pleitos para exigir ante los Tribunales el cumplimiento de esta obligación municipal.

Una vez conocidas las licencias, la oficina del PIOT informa de que algunas de ellas son incompatibles con el Plan. El Cabildo adopta entonces una posición de defensa activa de la ordenación insular a través de recursos, firmados por todos los presidentes que han ocupado el cargo desde entonces hasta 2007.

Hasta la fecha, todos los pleitos interpuestos por la primera Corporación han obtenido respuesta favorable de los Tribunales, ratificándose así que el planeamiento insular tiene prevalencia sobre el municipal general y parcial.

Las 22 sentencias firmes dictadas hasta la fecha por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por el Tribunal Supremo obligan a los ayuntamientos infractores a iniciar expedientes para el restablecimiento de la legalidad, fase en la que en la actualidad nos encontramos.